El 14 de agosto de 1945, según el horario de Washington, el mundo supo que Japón se rendía ante los Aliados. Al día siguiente, 15 de agosto, el emperador Hirohito comunicó la decisión a sus súbditos. La capitulación formal se firmaría el 2 de septiembre sobre la cubierta del acorazado USS Missouri. Terminaba así la guerra más destructiva de la historia: entre setenta y ochenta y cinco millones de muertos, ciudades enteras reducidas a ruinas y Hiroshima y Nagasaki arrasadas por el primer —y hasta ahora único— uso de armas nucleares en una guerra.

La victoria no fue solamente militar. El nazismo y el fascismo habían sido derrotados, y las democracias occidentales presentaron aquel desenlace como la confirmación de una idea: ningún Estado debía volver a colocar la voluntad de un líder, una raza, una nación o una doctrina por encima de la libertad y la vida humanas. La Carta de las Naciones Unidas, aprobada en junio de 1945, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada tres años después, intentaron convertir esa promesa en un orden internacional.

La Unión Soviética había realizado un sacrificio humano decisivo para derrotar a la Alemania nazi, pero nunca pretendió encarnar la democracia liberal. La contradicción que atravesaría la posguerra perteneció sobre todo a los vencedores occidentales: Estados Unidos, el Reino Unido y Francia proclamaban la libertad política, el pluralismo y los derechos individuales mientras mantenían, respaldaban o toleraban sistemas que negaban esos mismos principios fuera de sus fronteras.

Ochenta y un años después de la rendición japonesa, aquella incoherencia sigue siendo esencial para comprender el mundo que nació en 1945. La victoria sobre el fascismo produjo democracias más sólidas y una paz extraordinaria entre las grandes potencias occidentales. Pero no abolió la dominación, la tortura ni el derecho que algunos Estados se atribuían de decidir qué pueblos merecían libertad y cuáles podían ser sacrificados en nombre del orden.

La democracia para el centro

El sistema construido después de la guerra alcanzó logros que sería absurdo negar. Estados Unidos evitó repetir el castigo impuesto a Alemania tras la Primera Guerra Mundial. El Plan Marshall contribuyó a reconstruir Europa occidental; las instituciones surgidas de Bretton Woods organizaron la economía internacional; y la OTAN convirtió la defensa de buena parte del continente en un compromiso colectivo respaldado por el poder estadounidense.

La República Federal de Alemania se transformó en una democracia próspera. Japón, sometido durante la ocupación a profundas reformas políticas e institucionales, pasó de la devastación a convertirse en la segunda economía del mundo. Países que se habían combatido durante generaciones formaron la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y, con el tiempo, la Unión Europea. En el centro del nuevo sistema, la guerra entre antiguas potencias rivales dejó de parecer inevitable.

El historiador John Lewis Gaddis llamó «la Larga Paz» al periodo en el que Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron en casi todos los terrenos salvo en una guerra abierta entre ellos. El temor a la destrucción nuclear contribuyó a contenerlos, y la amenaza soviética mantuvo cohesionado a Occidente durante cuatro décadas. Pero aquella paz tuvo fronteras. En Corea, Vietnam, Afganistán, Angola, el Cuerno de África y América Latina, la Guerra Fría se libró con fuego. Las grandes potencias evitaron atacarse directamente y trasladaron la confrontación a territorios donde murieron millones. La democracia liberal se convirtió en la identidad política de Occidente, pero no siempre en el principio que guiaba sus decisiones exteriores.

Estados Unidos: la democracia subordinada al anticomunismo

La contradicción estadounidense no comenzó con Nixon ni con la Guerra Fría tardía. Mucho antes de las dictaduras del Cono Sur, Washington había convivido con gobiernos sanguinarios en el Caribe siempre que fueran estables, protegieran sus intereses y se declararan anticomunistas.

Rafael Leónidas Trujillo gobernó la República Dominicana entre 1930 y 1961 mediante el terror policial, la tortura, el asesinato de opositores y un culto desmesurado a su personalidad. Su régimen fue responsable también de la masacre de miles de haitianos en 1937. Estados Unidos conocía perfectamente su naturaleza; aun así, Washington mantuvo la cooperación mientras consideró a Trujillo un aliado útil, y solo tomó distancia al final, cuando sus crímenes y su inestabilidad lo convirtieron en un problema.

En Cuba, Fulgencio Batista dio un golpe de Estado en 1952 y estableció una dictadura sostenida por el Ejército, la policía y la represión. Su Gobierno persiguió, torturó y asesinó opositores, pero protegió las inversiones estadounidenses y mantuvo una estrecha relación con Washington. La ayuda militar continuó durante buena parte de su régimen y solo fue suspendida cuando su caída parecía cada vez más probable.

El criterio era claro: la naturaleza democrática de un Gobierno importaba menos que su alineamiento. En Guatemala, la operación PBSUCCESS de la CIA ayudó a derrocar en 1954 al presidente elegido Jacobo Árbenz y a colocar en el poder a Carlos Castillo Armas. En Brasil, Washington respaldó el golpe de 1964 y preparó apoyo logístico para los militares sublevados. La defensa del «mundo libre» podía incluir la destrucción de una democracia si sus reformas sociales o económicas eran interpretadas como una puerta de entrada al comunismo.

Chile mostró esa contradicción en su forma más conocida. La Administración de Richard Nixon y Henry Kissinger financió a partidos y medios opositores, ejerció presión económica y trabajó para impedir primero la llegada de Salvador Allende al poder y después para debilitar su Gobierno. Los documentos desclasificados no demuestran que la CIA dirigiera el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, pero sí prueban que Washington intervino contra el orden constitucional chileno y acogió favorablemente la dictadura que surgió de su destrucción.

Nixon y Kissinger no ignoraban la naturaleza del régimen de Augusto Pinochet. Sabían de las ejecuciones, la tortura, los campos de detención y las desapariciones. Kissinger aseguró a Pinochet en 1976 que Estados Unidos comprendía su situación y expresó más preocupación por la condena internacional que por exigir responsabilidades. Ese mismo año dijo al canciller de la dictadura argentina que, si había cosas que debían hacerse, convenía hacerlas rápidamente, y le aseguró que Washington deseaba su éxito.

El Plan Cóndor llevó esa lógica más allá de las fronteras nacionales. Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil coordinaron sus servicios de inteligencia para perseguir, secuestrar y asesinar opositores dentro y fuera de sus países. El Departamento de Estado supo en 1976 que la operación contemplaba asesinatos internacionales. Kissinger autorizó inicialmente una advertencia diplomática, pero después ordenó detenerla. Cinco días más tarde, agentes vinculados a la policía secreta chilena asesinaron con un coche bomba en Washington al exministro Orlando Letelier y a su colaboradora Ronni Moffitt.

No se trataba, por tanto, de aliados democráticos que cometían excesos desconocidos para Washington. Eran dictaduras y regímenes militares de corte fascista que convirtieron al opositor político, al sindicalista, al estudiante, al periodista o al simple sospechoso en un «enemigo interno» al que se podía encarcelar, torturar, desaparecer o asesinar. Desde Santo Domingo hasta Argentina, el anticomunismo sirvió para presentar la violencia estatal como una defensa de la civilización occidental.

El carácter fascista de esa concepción no depende del número de cadáveres. El fascismo no comienza cuando un régimen alcanza un millón de víctimas. Está presente cuando el Estado divide a la sociedad entre ciudadanos legítimos y enemigos despojados de derechos; cuando la seguridad se coloca por encima de la ley; y cuando la tortura, el asesinato y la desaparición se convierten en instrumentos aceptables de gobierno. Las dictaduras latinoamericanas tuvieron orígenes, estructuras y dimensiones diferentes, pero compartieron esa esencia autoritaria. Estados Unidos no las creó por sí solo: cada país tuvo sus propias élites, fuerzas armadas y responsabilidades. Lo que hizo Washington fue alentarlas, sostenerlas o tolerarlas cuando consideró que protegían sus intereses.

Francia: libertad en Europa, imperio en ultramar

Francia salió de la guerra identificada con la Resistencia y con la liberación de la ocupación nazi. Sin embargo, casi al mismo tiempo que recuperaba su libertad intentó restablecer por la fuerza el dominio sobre pueblos que reclamaban la suya.

El 2 de septiembre de 1945 —el mismo día en que Japón firmaba su rendición sobre la cubierta del USS Missouri— Ho Chi Minh proclamó la independencia de Vietnam. Francia se negó a aceptar la pérdida de Indochina y trató de reconstruir un orden colonial debilitado por la ocupación japonesa. La confrontación desembocó en 1946 en la primera guerra de Indochina, un conflicto que duró ocho años, causó cientos de miles de muertos y terminó con la derrota francesa en Dien Bien Phu y los acuerdos de Ginebra de 1954.

Francia no fue la única responsable de la posterior guerra de Vietnam. Las divisiones internas vietnamitas, la rivalidad entre las potencias y las decisiones de Hanói, Saigón y Washington también fueron determinantes. Pero el intento de restaurar un dominio colonial ya insostenible precipitó la guerra y militarizó la región. Estados Unidos, que se presentaba como una nación nacida de una lucha anticolonial, terminó financiando gran parte del esfuerzo francés porque consideraba que la independencia dirigida por Ho Chi Minh favorecería al bloque comunista.

La contradicción fue todavía más profunda en Argelia, un territorio que Francia consideraba parte de la República, aunque la mayoría musulmana había vivido durante generaciones sin los mismos derechos políticos y sociales que la población de origen europeo. El 8 de mayo de 1945, mientras Francia celebraba la derrota del nazismo, manifestaciones nacionalistas en Sétif derivaron en ataques que dejaron alrededor de un centenar de europeos muertos. La represalia colonial en Sétif, Guelma y Kherrata fue mucho mayor y causó miles de muertos argelinos.

Entre 1954 y 1962, Francia libró una nueva guerra para impedir la independencia. La respuesta a la insurrección incluyó ejecuciones sumarias, desapariciones, desplazamientos colectivos, campos de internamiento y el empleo sistemático de la tortura. El Frente de Liberación Nacional también asesinó a civiles y adversarios argelinos, pero esa violencia no elimina la responsabilidad particular de un Estado que se proclamaba democrático y convertía la tortura en un instrumento de gobierno. La república de la libertad, la igualdad y la fraternidad negó esos principios a millones de seres humanos para conservar un imperio. La experiencia de haber sufrido la ocupación extranjera no impidió que Francia impusiera la suya en otros territorios.

El Reino Unido y los límites de la libertad imperial

El Reino Unido había combatido a Hitler desde 1939 y resistido cuando buena parte de Europa estaba ocupada. Su defensa de la libertad fue real, pero convivió con un imperio construido sobre la desigualdad política. La promesa de que los pueblos podían elegir su forma de gobierno no se aplicó automáticamente a las colonias británicas.

En Kenia, la rebelión Mau Mau llevó a las autoridades coloniales a declarar el estado de emergencia en 1952. El Gobierno prohibió organizaciones políticas y recluyó sin juicio a decenas de miles de africanos en una extensa red de campos y centros de detención. Allí se documentaron torturas, abusos sexuales, trabajos forzados y otros tratos degradantes. Muchos detenidos nunca fueron juzgados y, en numerosos casos, su relación con la insurgencia ni siquiera pudo probarse. Los Mau Mau también asesinaron a civiles, principalmente kenianos. Reconocer sus crímenes no absuelve al poder colonial ni convierte la represión indiscriminada en legítima. Una democracia tiene una responsabilidad adicional: no puede defender el Estado de derecho dentro de sus fronteras y suspenderlo en los territorios que domina.

Décadas más tarde, el propio Gobierno británico reconoció que miembros de la administración colonial habían torturado y maltratado a kenianos. En 2013 acordó indemnizar a 5.228 supervivientes y apoyar la construcción de un monumento en Nairobi dedicado a las víctimas. El reconocimiento llegó cuando la mayoría de los responsables habían muerto y después de décadas de silencio.

La experiencia británica, como la francesa y la estadounidense, revela el límite central del orden nacido en 1945. Las democracias vencedoras contribuyeron a crear instituciones internacionales, reconstruyeron países devastados y establecieron un espacio de libertad y prosperidad sin precedentes. Pero aplicaron esos principios de manera selectiva. La democracia era un derecho para el centro y, con demasiada frecuencia, una posibilidad condicionada para la periferia.

La pregunta de 1945, en 2026

Ochenta y un años después, la democracia liberal vuelve a estar amenazada por Estados autoritarios que cooperan para debilitarla. Rusia intenta modificar fronteras mediante la invasión de Ucrania; China combina poder económico, vigilancia interna y presión militar para disputar el orden internacional; Irán proyecta su influencia mediante fuerzas aliadas y ha suministrado tecnología militar a Moscú; y Corea del Norte entregó armas, misiles y tropas para sostener la guerra rusa. No forman una alianza idéntica a la OTAN ni comparten una doctrina única, pero los une el rechazo a un sistema que limita el poder de los Estados mediante normas, instituciones y derechos universales. Su avance demuestra que la victoria de 1945 no fue definitiva: el autoritarismo cambió de lenguaje, de símbolos y de alianzas, pero no renunció a colocar la fuerza por encima del derecho.

La amenaza también se proyecta desde el interior de la potencia que durante décadas se presentó como principal defensora del orden liberal. El segundo mandato de Donald Trump ha concentrado poder en la presidencia, debilitado controles institucionales y normalizado una retórica personalista que identifica la voluntad del líder con la del Estado. En su informe de marzo de 2026, el instituto V-Dem rebajó a Estados Unidos de democracia liberal a democracia electoral por su desempeño en 2025: el país conserva elecciones libres, pero ha perdido los componentes liberales, los contrapesos fuertes y los límites al poder del Ejecutivo. Freedom House todavía lo considera un país libre, aunque su puntuación cayó a 81 sobre 100, la más baja desde que el índice adoptó la escala de cien puntos, y fue el país libre con mayor descenso. Trump ha insinuado un tercer mandato prohibido por la Constitución y se ha comparado con un rey; las cuentas oficiales de la Casa Blanca difundieron una imagen suya coronado, generada por inteligencia artificial a modo de falsa portada de la revista Time con el lema «Long live the king». Y su Gobierno ha emprendido operaciones militares —en Irán y en Venezuela, donde una incursión capturó y derrocó a Nicolás Maduro en enero de 2026— sin una autorización específica del Congreso, que rechazó las resoluciones destinadas a limitar esas facultades de guerra.

La honestidad obliga a matizar. No todo movimiento de esta administración es autoritario: parte de sus políticas son ideas republicanas convencionales, y el exceso del Ejecutivo a costa del Legislativo no comenzó con Trump. Y el diagnóstico, incluso entre quienes lo comparten, insiste en que el deterioro es reversible: las victorias opositoras en las elecciones de noviembre de 2025 muestran que los canales democráticos siguen abiertos. La comparación con las autocracias del otro bando es una advertencia, no una equivalencia.

Hay una imagen que resume el vértigo de este aniversario. En septiembre de 2025, para conmemorar los ochenta años del fin de la Segunda Guerra Mundial, un desfile militar en Pekín reunió por primera vez a los líderes de China, Rusia y Corea del Norte. El propio final que hoy conmemoramos —la derrota del fascismo, el amanecer de la paz americana— fue reapropiado como escenografía por quienes hoy desafían el orden que aquella victoria fundó.

De los escombros de 1945 nació un mundo mejor para Occidente y para los vencidos que supieron sumarse a él: más libre, más rico, más pacífico de lo que nadie se atrevió a esperar entre las ruinas. Ese mundo sigue siendo, en conjunto, el más próspero de la historia. Pero la amenaza ha vuelto, y esta vez llega desde fuera y también, en su reflejo más incómodo, desde dentro. La pregunta que dejó abierta aquel 14 de agosto —si la humanidad había aprendido algo— sigue, ochenta y un años después, sin una respuesta cerrada.